En manos de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho está la revisión de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y por ocho acusados de lavado de activos dentro del caso Blindado. La mañana de este miércoles, 23 de septiembre, la diligencia se instaló en el octavo piso del más alto órgano de justicia ordinaria del país y se suspendió cerca del mediodía hasta las 16:00 porque la magistrada tenía otras dos audiencias pendientes en las que actuar.
Por casi tres horas, la jueza Camacho escuchó los fundamentos expuestos por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, para pedir que se revise la presentación periódica impuesta a Vinicio Aguirre, procesado en Blindado, que incumplió la medida ordenada y por lo que se pedía ahora la imposición de una orden de prisión preventiva, por las defensas de ocho acusados que mantienen prisión preventiva, entre ellos el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y pide que se las cambie hacia medidas como presentación periódica, prohibición de salida del país y el uso del grillete electrónico.
También el procesado y actual juez Juan Agustín Jaramillo pidió que se le revise la medida de presentación periódica dos veces por semana. Pretende, con su pedido, que las presentaciones se realicen en Esmeraldas y no en Quito en la CNJ.
QUITO (23-09-2026).- Carlos Alarcón, fiscal general del Estado, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares del caso Blindado, en el que está procesado Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
Alfredo Cárdenas / EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.
Además de Vicko Villacís, en la lista de quienes piden que se les revise la orden de prisión preventiva que mantienen y que en su lugar se les defina una presentación periódica están los procesados Jorge Pinos, Luis Reina, Karol Lemos, Jonathan Monte, Juan Alberto Lastre y Diego Montaño. Ellos son parte de las quince personas naturales y tres personas jurídicas (empresas) a las que la Fiscalía acusa de ser parte de una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención y el beneficio de forma sistemática de fondos estatales a través del abuso y la desnaturalización de garantías jurisdiccionales.
A inicios de junio pasado se formularon cargos en contra de varias personas naturales, entre ellas el alcalde Villacís, por considerarlas autoras directas del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La causa se inició en manos de fiscales y jueces sin fuero de la Corte Nacional. Ahí se ubicaba a Vicko Villacís como alcalde del cantón Esmeraldas para el periodo 2023-2027, quien tenía el deber de preservar los dineros del Estado.
En cambio, el 1 de septiembre pasado se vinculó a la causa a cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, un juez de la Unidad Multicompetente de Atacames, una persona natural y tres empresas. El caso Blindado pasó a conocimiento de la CNJ debido al fuero que cobija a los jueces de la Corte de Esmeraldas que figuraban entre los sospechosos.
Entre los vinculados están Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre, quienes fueron jueces provinciales de Esmeraldas. También Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames; y como persona natural Iván Sol González; mientras que, como personas jurídicas, constan Reypezpacific S. A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
QUITO (23-09-2026).- Vicko Villacís (c), alcalde de Esmeraldas, investigado en el caso Blindado, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas / EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.
Las defensas de los siete procesados que piden que se les deje de lado la orden de prisión preventiva, por la que llevan ya 102 días en cárceles de Guayas y Cotopaxi, y en su lugar solicitan que se les imponga una presentación periódica, sostienen que existen elementos nuevos que eliminan las razones que originaron la disposición de la prisión preventiva.
Según ellos, existe en los 108 cuerpos que hacen el expediente información que elimina muchas de las acusaciones que tenía la Fiscalía y aleja toda duda respecto a un posible poder de injerencia en la investigación. Lo que buscan, dijeron, no es salir de la cárcel para evadir la justicia o no asistir al procesamiento, sino tener la oportunidad de defenderse en libertad en otros procesos.
El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue el único de los procesados solicitantes que fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga, a la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Él ejerció de forma directa su propia defensa dentro de la audiencia de revisión de medidas cautelares y entregó a la jueza y a la Fiscalía un informe de más de 60 páginas en el que estaba el resultado de una pericia contable que, a su decir, respaldaría su inocencia.
La defensa de Villacís aseguró que, de ser necesario, está dispuesta a que se les aplique una presentación diaria ante la justicia en Esmeraldas. Aclaró que no podría existir riesgo de fuga, pues Villacís sigue siendo alcalde de Esmeraldas y por ese cargo debe estar protegido 24/7 por una cápsula de seguridad integrada por agentes de la Policía Nacional.
QUITO (23-09-2026).- Jueza Daniella Camacho durante la audiencia de revisión de medidas cautelares del caso Blindado, en el que está procesado Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
Alfredo Cárdenas / EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.
Pasadas las 11:30 de este miércoles, 23 de septiembre, la jueza Camacho suspendió la diligencia. Informó a la sala que tenía dos diligencias pendientes en las que estaba en riesgo la caducidad de la prisión preventiva y debía atenderlas de urgencia. Dispuso que la diligencia se suspenda hasta las 16:00 de este mismo miércoles. En ese momento será el turno de que el fiscal Alarcón y los abogados de las acusaciones particulares (Consejo de la Judicatura y Petroecuador) respondan a los pedidos de revisión hechos por los procesados.
Luego de ello, la jueza penal de la CNJ deberá dar respuesta a los pedidos de revisión y lo más seguro es que suspenda la diligencia, entre a deliberar y disponga que se convocará una nueva fecha para así dar su decisión oral. (I)
