«Justicia, queremos la verdad», fueron algunas de las canciones de parientes de personas desaparecidas que fueron escuchadas en una planta frente al palacio del gobierno el viernes 9 de mayo.
Según Fernando Bastias del Comité Constante para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), 33 personas que participaron en el ejército desaparecieron, los hechos que se ven obligados a investigar debido al supuesto delito en 2024.
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El trabajo también debe solicitar al presidente Daniel Novoa que «contrate impunidad», ya que, en su opinión, la oficina del fiscal que se negó a proporcionar información para solicitar información, y en algunos casos respondió que es confidencial.
Los miembros de la familia de las cuatro Malvinas estaban presentes en la concentración.
Ismael Arroyo, de 15 años, su hermano Josué Arroyo, de 14 años, y sus amigos Nehemiah Arboleda, de 15 años; Y Steven Medina, de 11 años, se llevaron a cabo el 8 de diciembre de 2024 después de una presunta alarma depredadora por parte de los militares.
Los trajeron a las furgonetas y las llevaron a Taura en el Cantón de Naranjal. Días después aparecieron en un sector de la misma ciudad.
Luis Arroyo, padre uno de los niños, mencionó que había tortura contra ella. Dijo que quieren ser justicia y verdad para saber por qué actuaron así.
Mencionó que los resultados de las autopsias encuentran que hubo abuso.
«Tienes que pagar tus errores (…) que la justicia es responsable de condenarlos», dijo.
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También señaló que no había transparencia porque las muertes no estaban determinadas. Pidió que las pruebas de ADN se llevaran a cabo nuevamente porque nada garantiza que los cuerpos que les dieron son realmente por los menores.
También explicó que existen organizaciones internacionales.
«El estado nos debe una respuesta, no ha decidido en nosotros», dijo.
La negociación preparatoria y de evaluación está establecida para Guayaquil para el 27 de mayo a las 2:00 p.m. en la unidad de aplicación de la ley del sur de Guayaquil. En este caso, se procesan 17 militares. (Yo)