Aunque el período de funciones de Diana Salazar Méndez, como jefa de la Oficina del Fiscal General del Estado, finaliza el 8 de abril de 2025, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) declaró el hecho de que no se proporcionó su reemplazo.
En 2019, el extinto Consejo de Participación Ciudadana eligió a Diana Salazar durante un período de seis años que terminó hace dos meses.
Pero como la sesión plenaria actual del Consejo, bajo la presidencia de Andrés Fantoni, no hizo la propuesta pública para seleccionar a su sucesor, Salazar y al fiscal de subplay, Wilson Toinga, recibió la cifra de la extensión en las funciones para no dejar la institución en Acephalía.
Sin embargo, el 20 de mayo, Salazar renunció y ocurrió Toaingga, ahora un promotor responsable.
En una sesión extraordinaria el 27 de junio, el plenario aprendió un informe legal que recomendaba proporcionar el comienzo del procedimiento para formar el Comité Ciudadano que será responsable de hacer la oferta de selección pública de un fiscal general.
Como resultado, un equipo técnico (que consta de siete consultores de consejeros) preparará un horario y un modelo de llamada para que los ciudadanos se registren como candidato para ser comisionado ciudadano.
Por unanimidad, el informe fue aceptado y decretado como «una situación no prevista en las regulaciones de las comisiones del ciudadano y el jefe de la Oficina del Fiscal General a la renuncia de un titular en funciones extendidas para el cumplimiento del período» y, en este argumento, se emitió la disposición de procedimientos administrativos.
Este informe legal debe conocerse el mes pasado, ya que, en la iniciativa de Fantoni, se le pidió al área relevante que preparara una alternativa que permita que el Comité Ciudadano se forme en 30 días, aunque la regulación emitida a mediados de mayo de este año incluye entre cuatro y seis meses.
En el documento conocido en la sesión, no se detalló una propuesta para reducir los plazos.
La Comisión Ciudadana, compuesta por diez personas, será la única en tener el mérito público, la oposición y el desafío para elegir al próximo fiscal durante un período de seis años.
Este organismo universitario está compuesto por cinco personas, también elegidos por un concurso de mérito y desafío, en nombre de la ciudadanía.
Los otros cinco son delegados propuestos por las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, electorales y de transparencia y control social, que se revisan para cumplir con los requisitos y no incursionar en deficiencias constitucionales y legales y pueden ser disputadas por la falta de probidad.
El procedimiento de selección es realizado por el plenario CPCC con la ayuda de este equipo de consultoría, que será responsable de revisar que los comisionados cumplan con los requisitos legales. (Yo)