Dos hombres son perseguidos por el secuestro de un taxista en Manta. Según el fiscal público, los sujetos solicitaron $ 5,000 para publicarlo.
Wagner L. y Víctor V. son secuestrados como presuntos perpetradores del delito de extorsión.
Según el Fiscal General del Fiscal General, el juez de garantías penales que asistieron a atención fueron emitidas para las dos garantías penales que asistieron a atención.
Los elementos de la convicción presentados también motivaron la especificación de medidas de protección a favor de la víctima y sus familiares. La instrucción fiscal lleva 30 días.
La policía publicó a dos personas que fueron secuestradas en Portoviejo
El fiscal público responsable del caso durante la audiencia para formular flagrancia y Charger le dijo al juez que los eventos tuvieron lugar el 7 de mayo en Manta cuando la víctima desapareció después de trabajar como taxista.
Dos días después, un primo de los mensajes de chantaje afectados habría recibido el pago de 5,000 dólares estadounidenses.
En vista de esto, presentó la queja correspondiente. Con la información dada, la Policía Nacional inició una investigación en la que se realizó una propiedad en Portoviejo, donde estaba el hombre secuestrado.
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Se realizó una operación, que se completó con su liberación y el arresto de dos personas que estaban en este lugar.
Con respecto a los principales elementos de la convicción que se presentaron: las versiones de los agentes que participan en la operación, la queja presentada por el primo de la víctima, el informe sobre el reconocimiento de la ubicación de los hechos y la evidencia que se encontraron en posesión del (un arma, munición, dos motocicletas informadas como PERTRAS).
Además, una de las información arrestada sobre el paradero del vehículo, en el que la víctima fue movilizada en el momento del secuestro, que se recuperó horas después.
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Lo que el fiscal dio el fiscal pudo respaldar la decisión del juez sobre la causa de la detención preventiva para los dos acusados.
El artículo 162 del Código Penal Orgánico Integral (COIP) sancionó la extorsión con una sentencia de prisión de trece a dieciséis años. (Yo)