Las primeras protestas activadas por el retiro del diésel llevaron al Gobierno de Daniel Noboa a declarar un estado de excepción en seiete provincias.
La medida, emitida a través del Decreto Ejecutivo 134, incluye a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.
El gobierno justificó la medida por la causa de grave conmoción interna.
Tendrá una vigencia de 60 días “sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria”.
En el decreto se detalla que la medida deriva de las paralizaciones “que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.
Si bien en el decreto se indica que se busca detener la radicalización de las medidas, este no prohíbe las manifestaciones pacíficas.
Es decir, este decreto no implica la restricción al derecho a manifestarse siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía.
Se dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a estas localidades para reforzar controles. (I)