La antigua economía folclórica y solidaria, Sofía Margarita Hernández, presentó una medida protectora contra el Presidente de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, porque había violado su derecho a la defensa y un procedimiento adecuado en el procedimiento político que se procesó un día antes de completar el período legal temporal.
La medida de protección se presentó el 13 de mayo de 2025 y cayó al departamento de penalización en el municipio de Quitumbe del distrito metropolitano de Quito, que consiste en el juez Andrés Prado Dávila.
La Asamblea Nacional fue procesada el 12 de mayo en ausencia del proceso político contra la antigua economía étnica y solidaria, que fue acusada por el diputado Xavier Jurado (ADN), por haber violado las funciones debido a la falta de controles por ahorros y cooperativas de crédito.
El proceso continuó que el ex funcionario presentó certificados médicos del Ministerio de Salud Pública, que mostró una calma absoluta, la Asamblea Nacional no exponió el procedimiento. Por lo tanto, el proceso que terminó con la censura de Hernández continuó, cuya solicitud fue aprobada con 97 votos a favor.
Según las medidas presentadas por la sección EX, se violó el derecho a un procedimiento adecuado y la defensa como su intervención oral de más de tres horas, y sus escritos de alta nunca se incluyeron en el informe, que se presentó al Plenar. El diputado estuvo de acuerdo sin sus argumentos o evidencia que lo dejó en completa impotencia, dice.
Su derecho a la dignidad humana también habría sido violado en el momento en que se vio obligado a exponerse a un alto proceso político en medio de una crisis de salud e ignorar su condición física y emocional.
Según Hernández, también se violó el derecho a la certeza legal, ya que el plan de proceso se cambió sin notificación oficial. Además, se coordinó una solicitud que conoce el texto completo de la decisión fuera del término legal y sin legisladores.
Además, el accionista dice que la ley laboral ha sido violada porque la censura le prohíbe ejercer posiciones públicas durante dos años, lo que afecta su proyecto de vida profesional y su ley laboral, todo esto como resultado de un procedimiento que viola las garantías fundamentales.
Por lo tanto, le pide al juez que permita una reparación integral para el reembolso de su situación legal anterior y que elimine los efectos administrativos, políticos y simbólicos de la censura aprobada.
El hecho de que la Asamblea Nacional se ordene que en todos los exámenes políticos futuros la garantía de un procedimiento adecuado, el derecho a la defensa, las mismas armas y con respecto a la salud y la dignidad humana.
El primero también se aplica a la colocación de una insignia en el extranjero a la Asamblea Nacional, que se entrega a la Junta Directiva Legislativa y la Comisión de Supervisión, adoptó los protocolos que garantizan el respeto por el derecho a defender y el procedimiento adecuado. (Yo)