A casi un año de haber dejado el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), la Fiscalía pide a un juez de Pichincha día y hora para formular cargos contra Solanda Goyes ante hechos que podrían configurar el delito de tráfico de influencias. Goyes fue parte del pleno de la Judicatura que estuvo presidido por Mario Godoy y permaneció en funciones hasta septiembre de 2025.
Según la solicitud de formulación de cargos, emitida el 24 de agosto pasado, la Fiscalía Provincial de Pichincha informa que existía una investigación previa abierta en contra de Soalnda Goyes y Margarita Carranco.Explica que dentro de esa etapa han parecido elementos que hacen presumir de la participación en calidad de autor o cómplice del delito de tráfico de influencias sólo de Goyes.
Con esos antecedentes, el fiscal de la Unidad de Administración Pública número dos, Fernando Camacho, solicitó se convoque a audiencia de formulación de cargos contra Solanda Goyes y para lo cual deberá señalarse día y hora para la diligencia respectiva. La implicada en la investigación fue ya notificada, así como también a los abogados que la representarán.
El pleno del Consejo de la Judicatura, con su presidente Álvaro Román (c) y los vocales Yolita Yupangui, Solanda Goyes y Merck Benavides, dispuso la medida en contra de los jueces de Los Ríos. Foto: Tomado de X (@CJudicaturaEc)
Solanda Goyes ocupó el cargo de directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ desde 2019 hasta febrero de 2024 que renunció a la dirección para asumir como vocal titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Goyes reemplazó en la vocalía del CJ a Xavier Muñoz, quien renunció al ser procesado en el caso Independencia Judicial, por delito de obstrucción de la justicia.
El 12 de agosto de 2025, la moción de censura y destitución contra la entonces vocal Solanda Goyes no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, al obtener 75 votos afirmativos, por debajo de los 101 requeridos como mayoría calificada. Contra la hoy exfuncionaria del CJ el pleno de la Asamblea Nacional desarrolló un juicio político impulsado por el asambleísta Fernando Jaramillo.
El interpelante argumentó en su momento que la vocal Goyes habría incumplido funciones al ausentarse sin justificación de una sesión clave del CJ. Según Jaramillo, en dicha reunión se debía aprobar el Reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional, cuyo objetivo es frenar el uso indebido de garantías constitucionales, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada. Añadió que Goyes no asistió a cuatro convocatorias consecutivas para reinstalar la sesión, lo que, dijo, retrasó una resolución de alto impacto para el sistema judicial.
QUITO (21-07-2026).- Pleno del Consejo de la Judicatura presidido por Mercedes Caicedo. Cortesía CJ / EL UNIVERSO Foto: Cortesía23 expedientes disciplinarios prescribieron por falta de quórum en el pleno del CJ anterior:
El actual pleno de la Judicatura resolvió en julio pasado, por unanimidad, remitir a la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Fiscalía copias certificadas de 23 expedientes disciplinarios que prescribieron por falta de quórum en el pleno del CJ, debido a la inasistencia de la entonces vocal Solanda Goyes. Los casos prescritos estarían supuestamente vinculados a hechos de corrupción y crimen organizado, incluyendo los casos penales Metástasis y Purga.
La decisión fue tomada en sesión ordinaria el 16 de julio pasado, luego de acoger la recomendación de las direcciones General y de Asesoría Jurídica del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Se resolvió enviar copias de los expedientes prescritos a la Asamblea Nacional, Contraloría y Fiscalía para las respectivas investigaciones y control político y con el fin de determinar responsabilidades y evitar que esto se repita.
“Lo que está recomendando la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CJ es que se ponga en conocimiento de la Asamblea Nacional que 23 expedientes disciplinarios han prescrito, para que el Legislativo sea quien haga el análisis de, si no ha sido considerado dentro del control político, proceda conforme a sus obligaciones constitucionales y legales. (…) También se ha remitido toda la información a la Fiscalía para que, dentro de sus atribuciones, haga la investigación correspondiente respecto al certificado que presentó la doctora Solanda Goyes. Nosotros no tenemos la atribución, la competencia legal para hacer un análisis de este documento, aquello le corresponderá al ser el titular de la investigación penal a la Fiscalía”, sostuvo Peñaherrera.
QUITO (12-08-2025).- Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, durante el juicio político en su contra, en el salón del pleno de la Asamblea Nacional. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.
Sobre este mismo tema se analizó en el pleno el daño causado con estas prescripciones. En esa línea se manifestó que en derecho administrativo sancionador tiene una doble finalidad: corregir la conducta de los servidores públicos, es la finalidad principal, y, la segunda, hacer efectivo el principio de responsabilidad, es decir, establecer una sanción cuando corresponda y que no queden actos en la impunidad.
Santiago Peñaherrera describió que al analizar los 23 casos, uno de ellos, por ejemplo, la prescripción generada el 10 de julio de 2025, tiene que ver con una persona del Consejo de la Judicatura, a quien se le acusaba de haber gestionado contrataciones y accesos de personal en coordinación con una directora provincial del CJ. Con la prescripción, aclaró, no se pudo conocer el fondo de un posible caso relacionado con corrupción y que, de haber existido los méritos, habría llevado a que exista una sanción de destitución.
“Se ha observado que muchos de estos expedientes administrativos disciplinarios devienen de procesos penales relacionados con casos como Metástasis, donde están inclusive relacionados líderes de bandas criminales. Entonces, más allá de que no se ha cumplido el principio de responsabilidad, más allá de que el el pleno del CJ no ha podido analizar el fondo y establecer una sanción en caso de que lo amerite. Lo que más llama la atención es que no es un caso, son varios de estos 23 casos relacionados con corrupción y con procesos penales de delincuencia organizada. Estos 23 casos están contenidos en el informe de asesoría jurídica, cada uno está referido de qué proceso deviene, del proceso Metástasis, Purga, Plaga, de posibles tráficos de influencias al interior de la Judicatura”, señaló el director de Asesoría Jurídica.
De su parte, Jorge Maruri, director General del CJ, anotó que su área concluyó que los 23 expedientes citados en el informe jurídico prescribieron como consecuencia de que no existió el quórum reglamentario para la instalación del pleno del CJ de la época, el mismo que, mencionó, estaba conformado por Mario Godoy, quien presidía la institución, y por las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui. A decir de Maruri la no presencia de la vocal Goyes impidió que el mencionado pleno se instale y conozca los referidos expedientes disciplinarios. (I)
