En la Asamblea Nacional, faltaban votos para aprobar el informe creado por la Comisión ocasional, que examinó la muerte de Aidita Ati Gavilánz, que tuvo lugar en instituciones militares el 29 de junio de 2024.
La comisión ocasional de la verdad, la justicia y la reparación del caso Aidita Ati se integró en agosto de 2024, y el informe se conocía ocho días después de este período legislativo de la Asamblea Nacional.
La solicitud de aprobación del informe fue presentada por la ocasional presidenta de la liga Patricia Núñez (RC) y recibió 49 votos para él, 58 actitudes y 1 en contra. Con estos resultados, el Presidente de la Asamblea, Viviana Veloz (RC), Sesión No. 1020. Por otro lado, llegaron las distancias de ADN, PSC, construcción e indisión.
El informe analizó las circunstancias que rodearon la muerte del anfitrión en las instituciones del ejército de Napo, que, según el documento, resultó en graves violaciones institucionales y potenciales de la deficiencia de los derechos fundamentales que afectan la responsabilidad estatal.
A partir del análisis de la documentación oficial del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Mujeres y los Derechos Humanos, el Fiscal General, el Consejo de Justicia y otras instituciones públicas muestran omisiones considerables en la obligación de la garantía y protección de que el estado por las fuerzas armadas en relación con el personal militar.
Que la muerte de Aidita Ati en las instituciones militares bajo custodia del estado fue una custodia es un hecho que activa una presunción de responsabilidad estatal; No se llevó a cabo el reconocimiento público de responsabilidad o medidas simbólicas para hacer las paces, que no cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Tribunal de Justicia interamericana.
Como recomendaciones, el informe contenía el comienzo de un juicio político contra el Ministerio de Defensa, Gian Carlo Loffredo, para garantizar un entorno seguro y la implementación efectiva de los protocolos de prevención en las fuerzas armadas debido a la violación de su deber.
Un procedimiento político contra el Ministro de Mujeres y Derechos Humanos, Ariana María Tanca Maquiavelli porque no desempeñó un papel proactivo y presenta su deber de garantizar la protección y la reparación integral de la familia de Aidita Ati.
También recomendó el comienzo de un juicio político contra la fiscal general Diana Salazar para archivar el caso sin agotar todas las fronteras de investigación, violar el principio de debida diligencia y mantener la impunidad. (Yo)