La empresa que prohibió usar teléfonos celulares en la segunda ronda del 13 de abril | Política | Noticias



La prohibición se determina que los ciudadanos que vienen a votar en la segunda ronda del 13 de abril, usan sus teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos y fotografías y rascaron las papeletas o un procedimiento legal por presuntas violaciones de elecciones entre 9.870 USD y 32,000 dólares estadounidenses.

El Tribunal Constitucional (CC) tiene la demanda de inconstitucionalidad de una resolución adoptada por el Consejo Nacional de Obles (CNE), que está obligado el 13 de abril para el Presidente y Vicepresidente de la República, que prohíbe el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos durante la recepción de las votas (JRV).

Y desde las 5:00 p.m. Y a lo largo del examen, está prohibido que los miembros de los votos que reciben las conexiones los usan con la excepción de uno de sus miembros para que puedan llevar a cabo operaciones matemáticas para llenar el protocolo del examen.

El plenario del Tribunal Constitucional no dio paso a la medida pública de la inconstitucionalidad, que fue planteada por el activista político Washington Andrade, de modo que las decisiones adoptadas por el CNE el 16 de marzo se declaran inconstitucionales.

Los planes del CC se reunieron el 2 de abril para aprender algo sobre el proyecto de opinión creado por el juez del discurso Richard Ortiz tan pronto como el tratamiento de esta acción se haya declarado una prioridad, teniendo en cuenta que retiran diez días para el tiempo de búsqueda.

Con esta declaración, los votantes y las vocales de las juntas de conexión de voz están obligadas a cumplir con la disposición.

La resolución se basa en las advertencias del gobierno nacional y la violencia pública de que los grupos criminales chantajearían a los votantes que los obligan a votar por una u otra candidatura.

Cualquier persona que viola esta decisión puede exponerse a una violación muy grave de la elección, que se adapta en el Artículo 279, las Secciones 2 y 12 del Código de Democracia, que sancionan por pagar una multa de 21 salarios básicos de hasta 70, alta y/o suspensión de dos a cuatro años. (Yo)



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