Se realizarán 35 reformas en la ley orgánica del Sistema Nacional de Adquisiciones Públicas después de que la nueva ley de integridad pública entre en vigor, que tiene entre sus objetivos erradican la corrupción en todas las posiciones y funciones públicas y mejoran la eficiencia del sector público.
Se proporcionan cambios en los 35 números contenidos en el artículo 5 del estándar. Entre los cambios más relevantes, según los expertos, se encuentran el refuerzo de la capacidad técnica del Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP) y el alcance de su capacidad de sanción. Pero, a su vez, consideran que ciertos problemas se quedaron fuera de que podrían haber fortalecido aún más este campo y expresar preocupación por la posible falta de equilibrio.
Cambios relevantes en la compra pública
El abogado Sofa Morochho, un experto en compras públicas, explica que la reforma promueve el fortalecimiento del portal de compras públicas, cuyos datos de implementación desde 2008 y que, a pesar de ser una plataforma de datos abiertos, su modernización es necesaria.
«La propuesta es desarrollar herramientas tecnológicas para la innovación, la interoperabilidad entre los sistemas estatales y que se utilizan herramientas de inteligencia artificial, de modo que el informe estadístico sobre los procesos de contratación, el procesamiento total de los procesos y su archivo digital son fáciles de acceder a todos los usuarios del sistema y entidades de control», dice.
Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio de Compras Públicas, dice que la nueva ley marca una antes y después en la compra pública en Ecuador, aunque se ha convertido en una regla que cubre varios temas y cambios alrededor de veinte leyes vigentes.
Entre las modificaciones que se destacan, en relación con la gestión pública, se encuentra la transparencia mediante el uso de datos abiertos sobre el portal del sistema de contratación de estado oficial y el uso de inteligencia artificial para facilitar la consulta de acceso e información.
«Lo que hace esta modificación es garantizar y proteger que este proceso, que comenzó en 2018, ya es por ley», dice y agrega que otro aspecto positivo también será tener un sistema de alerta temprana automatizada basado en el análisis predictivo y se conoce como un indicador de regulaciones públicas rojos.
A su vez, Altamirano menciona otro punto de cheve que la ley de integridad proporciona al ejecutivo para reformar la regulación general de la ley de compra pública dentro de los 45 días. Eso dejará las regulaciones secundarias actuales que están en vigor.
«Aunque esta regulación no tiene la obligación de los espacios participativos, la llamada es que Sercop puede invitar a diferentes actores a crear o modificar esta regulación y que hay contribuciones de todo el ecosistema», dice.
Por su parte, Moroch también menciona que, con estos cambios, Sercop refuerza su capacidad regulatoria técnica de las compras públicas y su capacidad de sanción se amplía. Sin embargo, dice que su capacidad normativa es limitada.
Como Morocho, Altamirano señala que Sercop ahora tendrá funciones de sanción directa y también otorgará el poder de recolectar o ejecutar acusaciones coercitivas, y dice que esto puede tener ciertas repercusiones porque, por sí misma, Ecuador no tiene una entidad de apelación independiente.
«Existe la preocupación de que no haya pesos y contrapesos para que haya una ejecución correcta de estas sanciones en el debido proceso», dice.
Entre los cambios que Morochho considera relevantes es que los tipos de procesos se suprimen, como contribución, menor cantidad, contratación directa o por breve lista de consultoría y dice que la propuesta pública para consultar y licitar permanece en su reemplazo.
«El objetivo es reducir los procesos en los que la participación de los postores puede ser limitada y, por el contrario, los tipos de procesos en los que podrían ocurrir un mayor número de postores que podrían dar la opción de elegir la opción más apropiada para las necesidades de la administración pública», enfatiza.
El abogado también comenta que, de manera relacionada, «la ley de integridad pública incorpora la obligación con el controlador general del estado de asesorar a las instituciones estatales y las entidades legales privadas sujetas a su control, a petición de esto (…) sin los consejos que implican la conexión en la toma de decisiones».
Las modificaciones actuales podrían cubrir algunos agujeros ‘
Estos cambios en la contratación pública en Ecuador están diseñados para tener un impacto positivo e irregularidades de combate, como se indica en los estándares del estándar.
Sin embargo, de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNA), su coordinador, Germán Rodas, dice que sospecha que es inconstitucional «porque no cumple con el principio de la unidad de la materia». Esta regla incluyó cuestiones tales como sanciones para jueces y promotores para prevaricar y reformas para el juicio de menores como adultos.
En cuestiones de compras públicas, Wheels dice que el CNA en el que están trabajando «para presentar propuestas paradigmáticas globales y paradigmáticas que una nueva ley de compras públicas debe discutir y no permanecer en pedazos».
«Las modificaciones actuales ciertamente constituyen una forma de cubrir algunos agujeros, pero no resuelven conflictos de antecedentes. Una estructura como Sercop que evitó la transparencia del sistema de compras públicas, porque ni siquiera el sistema informático no era adecuado en términos de su administración y tendría que comenzar allí», dice.
Además, Wheels cuestiona la reducción de las formas de compra pública y cree que esto no contribuye a la modificación fundamental de los objetivos de una ley que debería «evitar que los actos de colisión continúen ocurriendo en el país debido a la falta de control sobre los proveedores y aquellos que compran a estos proveedores».
«Hay fallas y forma sustantivas en la ley de la integridad pública y también en la parte que se ocupa de las compras públicas», dice.
Por su parte, Morocho considera que «el espíritu de la reforma propuesta tiene un gran potencial para transformar positivamente el sistema de compras públicas» y lo califica como un gran avance, especialmente en términos de transparencia.
En transparencia, explica que se genera un fortalecimiento del portal de compras públicas, ya que debería mostrar la trazabilidad de todas las etapas del proceso y también incluir como veteranos de ciudadanía. Sin embargo, dice que sin una supervisión y compromiso efectivos adecuados, estos objetivos pueden permanecer en buenas intenciones.
«El principal desafío será la implementación y supervisión constantes, así como la evaluación periódica de los resultados, lo que muestra que los cambios significan un avance y no un impedimento en el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos de contratación», dice.
Hay problemas pendientes para mejorar la contratación pública
Los expertos consultados están de acuerdo en que todavía hay problemas y cambios en las compras públicas.
Para Morocho, hay algunos puntos que se revisan en la ley de compras públicas. Él cree que la gran cantidad de procesos que aún están en vigor también puede dificultar la parametrización de los mecanismos propuestos, y el camino hacia la revisión de esto ha comenzado y es un gran paso.
A su vez, en estos temas pendientes que se abordarán, Altamirano menciona que la ley no ha encontrado el régimen especial, que son contratados por invitaciones directas a los proveedores y cree que este problema aún debe, así como la actualización del sistema de contratación oficial (EXP), en el que se registran todas las transacciones y los considentes son obsoletos.
«Que están en el ecosistema de compra pública, sabemos que existe una alta probabilidad, por lo que los procesos de régimen especiales se dirigen a ciertos proveedores específicos debido a su naturaleza porque no son procesos en los que una oferta puede participar», dice. (Yo)