«¡Libertad, libertad! ¡Justicia, justicia!» Eran algunos de los gritos de parientes de las fuerzas armadas supuestamente involucradas en la evasión del seudónimo de Fede.
El incidente se registró el 20 de junio en la Penitenciaría de Costa.
Los acusados incluyen a 19 miembros de las Fuerzas Armadas, dos empleados del Servicio Nacional de Atención para la Libertad Privada y los Adultos Adolescentes (SNAI), así como una Libertad privada.
Estación de servicio al aire libre en el norte de las hojas de guayaquil
La posición para la formulación de acusaciones fue arrestada en la unidad judicial de la sede, y un juez emitió una detención preventiva a los 22 procesados por el presunto delito de evasión de Rolando Federico Gómez Quinde, también conocido
Este viernes, unos 20 familiares del personal militar se ubicaron a pocos metros de una de las cercas de metal que, durante varios meses, mantiene el palacio del gobierno en el Centro Quito.
Desde las primeras versiones, se sigue que el seudónimo de Fede había sido llevado a la Policlínica y no regresó a su celda.
Un prisionero que está involucrado en la fuga dijo que el seudónimo de Fede tomó su lugar.
Para los familiares, el ejército es inocente.
Estefanía Loor, un primer cable, dijo que el grupo saldría de Franco después de diez días de trabajo, pero cuando se retirarían, se les informó que tenían que hacer una versión voluntaria.
Agregó que a las 4:00 pm había una parte en la que dijo, estaban involucrados. Pagaron versiones y se celebró una audiencia que se extendió hasta la mañana.
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Según Loor, los militares tienen la orden de proteger que no hay trastornos dentro de la penitenciaría y permanecen en puntos fijos establecidos, como, junto con las celdas hasta que cambian de guardia.
«Lo único que observan es que las personas (una persona privada de libertad) salen con la guía, que los eliminará de cada celda para llevarlos al Policlínico o a alguna audiencia, la misma guía es la que la lleva y la misma guía es lo que (entra)», dijo.
Para Abel Cargo, el padre de uno de ellos, que tiene el grado de segundo sargento, los derechos humanos y la oficina del Defensor del Pueblo, puede ayudarlos.
Para el próximo miércoles 23 de julio, se llama una audiencia de apelación, ya que buscan defenderse. (Yo)