La Policía Nacional ejecutó la operación Gran Fénix 0060 en Manabí, tras nueve meses de investigación, y detuvo a trece personas que estarían vinculadas con la organización delictiva Los Lobos y con delitos como asesinato, sicariato, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada.
Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, el operativo se desarrolló en Manta, Portoviejo, Sucre, Rocafuerte, Jipijapa y Chone, donde se realizaron allanamientos para desarticular parte de esta estructura criminal.
La investigación policial señala que la organización estaría liderada por Jaime Vinces, alias J, identificado como individuo de interés penal relevante (IIPR), quien registra nueve procesos judiciales por delitos como tenencia de armas no autorizadas, robo, asesinato, extorsión y delincuencia organizada.
Otro de los señalados como cabecilla es Fabián Bravo, quien tendría antecedentes por asesinato.
De acuerdo con la información difundida por Reimberg, la estructura habría utilizado casas de seguridad para ocultar armas y vehículos empleados en actividades criminales. Entre sus objetivos estarían servidores policiales y abogados, con acciones presuntamente dirigidas a obstaculizar investigaciones y la actuación de la justicia.
La Policía vincula a los detenidos con siete hechos registrados entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Entre estos constan asesinatos ocurridos en Manta, Sucre y Rocafuerte.
Uno de los casos investigados corresponde al asesinato del cabo segundo Miguel Ángel Hidalgo Revelo, agente de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsiones (Dinased) de Manta, ocurrido el 30 de mayo de 2026.
La investigación también relaciona a esta estructura con el asesinato de un abogado ocurrido en Rocafuerte.
Como resultado del operativo fueron decomisadas cinco armas de fuego, además de dos alimentadoras. También se retuvieron ocho vehículos y siete terminales móviles.
Los trece detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para que se determine su situación dentro del debido proceso.
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