Las cifras de la academia son lo que buscaría a las autoridades gubernamentales para participar en la propuesta pública para seleccionar al jefe del fiscal estatal.
Entre los académicos, los abogados de ejercicio libre y las autoridades estatales abrieron una discusión sobre el perfil que debe estar acreditado por esa persona que aspira a ocupar la Oficina del Fiscal General, aunque la propuesta pública de que el Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social (CPCC) no tienen una fecha de inicio.
En la Universidad Andeana, en Quito, un foro promovido por el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Participación Ciudadana, en el que tres abogados intervinieron en el año intermedio, lo que indicaba las cualidades éticas, la transparencia y la honestidad como el principal promotor debería tener y, esencialmente, miembros de la Comisión Ciudadana Intervedora.
El objetivo era alentar a la comunidad educativa a ser alentada a participar en el concurso.
El presidente de CES, Pablo Beltrán, explicó que el objetivo es participar como candidatos, tanto para formar la comisión como para ser impuestos.
«Regulamos, como CES, el sistema de educación superior y traer a los maestros para que los interesados en la sociedad puedan participar y elegir, desde lo mejor, la mejor película para el inspector», dijo Beltrán.
Este viernes 20 de junio, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó, con cinco votos a favor y dos abstenciones, la regulación que será la base del concurso de mérito, oposición y desafío, que será realizado por una comisión ciudadana compuesta por diez personas, que también serán seleccionadas por méritos y desafíos.
Esta instancia desarrollará las fases de admisibilidad, calificación de méritos, examen escrito y oral y el desafío a la probidad y la ética de los competidores.
El informe final con las calificaciones de cada participante se enviará al plenario del Consejo, de modo que, por mayoría o unanimidad, se designa para el puntaje más alto.
Mientras tanto, los comisionados ciudadanos son elegidos por las siete vocales del Consejo con el apoyo de sus consultores.
La constitucionalista Pamela Aguirre Castro ha pedido a la agencia que esté preparada y capacitada para elegir el promotor de la próxima nación.
«No se puede permitir que las personas neofíticas (sin conocimiento o experiencia) elijan al fiscal. Sería tan ciego que guía las nueces», dijo Aguirre durante este foro.
También participó la criminal María del Mar Gallegos, cuyos criterios eran elegir un abogado penal especializado en derecho procesal, internacional, política penal y otros. «No improvisó a las personas», enfatizó.
El presidente de la Federación Nacional de Abogados de Ecuador, Paúl Ocaña, enfatizó que las propuestas del gremio fueron aceptadas en la reforma regulatoria aprobadas por la mayoría de los consejeros.
Como eliminar la prohibición de juristas que patrocinaron causas relacionadas con el tráfico de drogas, asesinatos, delitos organizados y delitos relacionados.
Esto «abriría la puerta» para que los abogados soliciten, pero el consejo tendría que revisar meticulosamente los ingresos de los candidatos y que puedan ser desafiados a detectar antes de una probable irregularidad, lo que ayudaría a purificar los elementos malos.
Estos procedimientos serán responsables de los comisionados ciudadanos: cinco de ellos son elegidos por el mérito y el resto provienen de las listas enviadas por las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y de transparencia y control.
Este último revisa sus requisitos y que no están involucrados en prohibiciones legales y constitucionales.
Además, deben cumplir con los mismos requisitos establecidos para las vocales de CPCC, es decir, tener un título de tercer nivel y certificaciones relevantes.
Desde el pasado 20 de mayo, la oficina del fiscal ha sido presidida por la promotora de Wilson Toainga, después de que Diana Salazar decidió terminar su período de seis años en el cargo desde el 9 de abril, había sido intercambiada desde que su período terminó el 8 de abril (yo)